
Compliance y Transparencia en la Administración Pública. ¿Es posible ir a una?
El término compliance es uno de los que se ha puesto más de moda en los últimos tiempos. No solo en la administración pública sino también en el mundo empresarial. Ya sabéis que no soy amante de utilizar anglicismos, cuando tenemos términos que explican lo mismo en nuestro idioma (por coherencia con mi condición de abanderada en comunicación clara). Por tanto, igual que ya decimos Gobierno abierto, Gobernanza, jefe de departamento o políticas públicas, podríamos hablar aquí de “cumplimiento normativo”.
Compliance es hacer lo que toca, vaya. Aquello a lo que estamos “obligados”.
En materia de Transparencia y Comunicación, sin embargo, si nos quedamos en el cumplimiento normativo, nuestro mensaje no llega a los destinatarios. Y aquí es donde se producen discrepancias entre los que trabajan por obligación y los que lo hacen por vocación.
Un ejemplo. ¿Sabes cuánto cuesta al erario público (valga la redundancia, puesto que un erario siempre es público) la celebración de un órgano colegiado? ¿Cuánto cuesta la celebración de un Pleno en tu ayuntamiento? ¿Y una Junta de Gobierno? ¿Cuánto cuesta realmente y cuanto percibe cada cargo electo que participa en ellas?
La Ley de Transparencia nos obliga a publicar lo que perciben los cargos electos por ejercer su función. Pero esta publicación puede ser simplemente una copia de la resolución donde se determinan los precios que se fijan por cada sesión. Si quieres saber quien lo cobra y cuál es la cantidad, deberás buscar donde está publicado el régimen de dedicación de cada cargo y buscar todas las convocatorias de las sesiones para determinar exactamente las que se han celebrado, ya que existen sesiones ordinarias y extraordinarias (estas últimas también se cobran, aunque no consten en el establecimiento de periodicidad publicado). Ardua tarea, reservada solo a frikis de la transparencia, investigadores, periodistas o mentes inquietas con ganas de poner en evidencia la opacidad de lo “público” (se puede ser todo a la vez, sin duda).
Muchas administraciones no cumplen ni con esta mínima obligación. Es por ello por lo que el término compliance está en alza y se reclama desde dentro y desde fuera de la administración. El cumplimiento normativo tendría que ser el primer eslabón de la transparencia y sin embargo se obvia en muchas ocasiones. La solución de los que no cumplen es ofrecer un enlace con el formulario de “derecho de acceso a la información pública” y de esta manera si alguien desea “saber”, debe pedirlo expresamente. Pero eso no va así, señores. La administración no debe esperar a que se lo pidan. Debe publicar la información y, es más, debe hacerlo de forma que se entienda, sea de fácil acceso y debe estar actualizada.
Confundimos publicidad activa con derecho de acceso a la información pública. Y esa confusión la trasladamos al resto de personal de la administración y a la ciudadanía en general. Cuando lo pidan, se lo daremos. Eso no es compliance, eso es escurrir el bulto (shirk, en inglés).
En algunos casos esas actuaciones sí pueden responder a malas praxis conscientes y orquestadas, pero en la gran mayoría de administraciones se trata de falta de recursos, saturación de trabajo y falta de cultura comunicativa.
¿Cómo podemos contribuir al cumplimiento normativo en transparencia y que ésta sea efectiva?
Gestión de la información – Del mismo modo que para construir una casa se deben elaborar planos, renders, obtener permisos y contratar profesionales, todo ello antes de colocar un ladrillo, para la publicación de información en espacios públicos, ésta debe ser tratada, procesada, planificada y reelaborada para que luzca tan bonita como una casa. A eso se le llama gestión de la información y la deben hacer profesionales de la comunicación, arquitectos de información, con conocimiento de la administración y que trabajen con los profesionales de otros ámbitos (juristas, economistas, técnicos especialistas y personal administrativo) para transformar los datos en información comprensible, accesible y actualizada.
Acceso a la información – Si uno de los motivos de la “mala transparencia” es la falta de recursos y tiempo de los departamentos que deben subministrar la información, poco avanzaremos si debemos esperar que ésta nos llegue en tiempo y forma. Por ello, el acceso a la información por parte de quien debe gestionarla y publicarla se convierte en imprescindible. La información es poder, pero si esta debe ser pública, el poder es de todos. Por tanto, se deben levantar las barreras de acceso de la profesional que la tratará y adaptará para que llegue correctamente a la ciudadanía.
Comunicación clara – Es muy difícil explicar y sintetizar la gran complejidad del lenguaje administrativo, pero la comunicación es una disciplina viva, que podemos mejorar a diario. Por ello, debemos lanzarnos a comunicar, con el lápiz de edición activado, para modificar en cuanto sea preciso. Por suerte, la tecnología está a nuestro servicio y, si sabemos como utilizarla, sus posibilidades de mejora son infinitas. Como no se cansan de repetirnos desde prodigioso volcán, entender es un derecho. Y nuestra obligación es, ponerlo fácil.
Cambio de mentalidad respecto a los profesionales de la comunicación en la administración –Ya va siendo hora de que se valore a los profesionales de la comunicación dentro de la administración pública. No somos instrumentos al servicio de las formaciones políticas (para ello ya autolegislan para pagar con dinero público a sus asesores varios). Estamos al servicio de la institución y debemos protegerla como lo hacen (o deberían hacer) el resto de funcionarios y habilitados. Esta defensa de nuestra profesionalización y no partidismo, me ha ocasionado más de un disgusto y “castigos varios”. Pero ser funcionario es eso, hacer funcionar la administración. Y evidentemente, hacerla funcionar bien, en beneficio de la ciudadanía.
Cultura comunicativa – campañas de comunicación interna – No me cansaré de repetirlo: la comunicación interna es la clave para que ruede el engranaje empresarial. Como en los aviones antes del despegue, cuando en los consejos de seguridad nos repiten que para poder ayudar a los demás debemos ponernos primero nuestra mascarilla de oxígeno, en la Comunicación institucional pasa algo parecido. Si queremos servir e informar a la ciudadanía, primero debemos actuar de forma cohesionada internamente. Un empleado informado, valorado, motivado y que se siente parte de la organización, será el embajador perfecto de todo aquello que llevamos a cabo.
Queda mucho camino por recorrer, pero si dejamos el lápiz de edición a la vista, podremos ir mejorando y elevando el cumplimiento normativo a la categoría de transparencia real y comunicación clara. Seguiremos perseverando para conseguirlo.
