La imagen pública de las administraciones

No descubro nada nuevo si afirmo que las administraciones públicas no disfrutan de muy buena imagen ante la ciudadanía.

¿De quién es la culpa? ¿De los cargos políticos que las dirigen? ¿De los altos cargos eventuales puestos a dedo por esos políticos? ¿De los funcionarios con habilitación nacional, es decir secretarios, interventores y tesoreros? ¿Del resto de funcionarios de carrera y personal laboral? ¿De la propia ciudadanía?

La imagen pública de cualquier empresa o institución es la representación mental que tiene cada uno de sus públicos. Por tanto, es difícil que ésta se pueda controlar. Lo que sí es evidente es que se puede influir en ella.

Imagen y estrategia organizacional

La imagen debería formar parte de la estrategia organizacional que la mayoría de las empresas privadas, sobre todo las de cierta envergadura, tienen clara. O al menos, tienen claro que deben trabajar.

Sin embargo, no pasa lo mismo con las administraciones públicas. Y son varios los motivos que llevan a ello:

• Cada cierto tiempo los gobiernos cambian. No podemos poner una cifra, puesto que aunque lo normal sean 4 años, hay ayuntamientos con alcaldes que pueden pasar media vida en el cargo. Y también los hay que, a los dos días, donde dije digo digo Diego, moción de censura y a empezar de nuevo. Ese cambio, necesario para la renovación y dar aire a la democracia, es nefasto para muchas de las iniciativas y proyectos que se llevan a cabo durante el mandato. La continuidad se resiente y aunque se diga lo contrario, el que entra nuevo si puede, se lo carga. Y adiós a la imagen pública creada.
• La administración no dispone de una estrategia organizacional. En algunos casos se soluciona la organización de los recursos humanos con la figura de un gerente, pero aún son pocas las que tienen un directivo de la función pública en ese cargo. En la mayoría, la figura del gerente es un cargo de confianza con funciones públicas de asesor, puesto sin razón de mérito y capacidad, salvo la de ser afín al cargo político que quiere una buena imagen personal y de partido, dejando en segundo plano la imagen de la institución. Además, la organización se queda muchas veces limitada a los recursos humanos, y no se trabaja en cultura organizativa o comunicación por ejemplo.
• La imagen interna es pobre y negativa. Los propios trabajadores de la administración, tienen una imagen negativa de las instituciones. Estoy generalizando, evidentemente, pero los primeros afectados de la falta de estrategia, de los cambios de gobierno y de las acciones quizás sí legales pero poco éticas que se llevan a cabo en muchas administraciones, son los propios trabajadores. Desigualdades en salarios y condiciones, procesos selectivos de dudosa objetividad, criterios arbitrarios en decisiones colectivas … hecha la ley hecha la trampa.
• Los mecanismos de participación son puntuales y poco comprensibles. Para la población la administración es un lastre que debe existir pero que solo sirve para poner reglas, la mayoría absurdas, recaudar “su” dinero y encima hablarles con un lenguaje que no entienden.

La imagen pública se forma en la mente de los usuarios. No podemos controlarla, pero sí influir en ella.

Ética y transparencia

Cierto es que se han regulado muchos aspectos para evitar corrupción, injerencias y otras decisiones arbitrarias. Pero estas regulaciones se han centrado en los casos más extremos e injustificables, que han conllevado escándalos económicos ligados a tramas urbanísticas o de tráfico de influencias. En la ilegalidad. Bravo por ello. Pero nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a la ética y la transparencia.

La ley obliga y por ello las administraciones están poniéndose las pilas para actualizar y publicar información en sus portales de transparencia. Es un primer paso. Pero hay poco esfuerzo para que esa información sea entendible para el gran público. La ley es clara, la administración debe ser proactiva y publicar su información de forma clara, estructurada y comprensible. Y eso aún queda lejos.

Pero tiempo al tiempo. Estoy segura de que seremos capaces de encontrar el camino para unir datos, seguridad jurídica, nuevas tecnologías y comunicación en beneficio de la información pública y de su destinataria, la ciudadanía.